El repudio se materializó mediante una concentración frente al Tribunal Oral Federal de La Rioja (Correo Argentino).

Asimismo, este martes, el Tribunal Oral Federal debía dar inicio al juicio oral y público para esclarecer los crímenes de los sacerdotes asesinados en 1976 en la ciudad de Chamical.

La postergación del juicio por los crímenes de los curas se decidió, según se anunció oficialmente, por razones vinculadas a la salud de Domingo Vera y Luciano Menéndez, imputados en la causa. Lo que generó que el juicio se aplace, en principio, hasta el 16 de agosto. El ex general Luciano Benjamín Menéndez, internado en Córdoba, y el ex policía Domingo Vera, internado en la clínica Mercado Luna de La Rioja, fueron avalados por los médicos forenses para no concurrir al juicio, y el titular del Tribunal, José Quiroga Uriburu, lo suspendió. Conocido el aplazamiento, organismos de derechos humanos, sociales, partidos y dirigentes políticos manifestaron su repudio a lo que consideran una "dilación" en la causa.

A la cabeza del reclamo estuvieron la senadora kirchnerista Teresita Luna y el titular de la CTA riojana, secretario de Derechos Humanos de CTERA y secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi.

Por su parte, De Leonardi manifestó que “se quiere proteger a los represores con supuestas enfermedades, para retrasar el juicio por el secuestro y asesinato de Murias y Longueville” y agregó que “lo que se debe hacer el permanecer todos unidos en este reclamo para que se llegue a la verdad”.

Durante la protesta, las entidades participantes designaron una comisión que se entrevistó con el Tribunal, al tiempo que el fiscal de la causa, Darío Illanes pidió que los estudios forenses los realicen profesionales del Hospital Nacional de Clínicas de la provincia de Córdoba o de la Corte Suprema, porque no hay garantías que, para el 16, los médicos en La Rioja les permitan participar del juicio.

Del mismo modo, la senadora Luna (quien no pudo ser parte de la comisión que habló con el Tribunal por su calidad de testigo en el juicio) dijo que su participación se debió a que integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, y luego agregó que “me parecen muy débiles los argumentos por los cuales se suspendió el juicio, por eso este reclamo, ya que queremos darle la garantía al pueblo de La Rioja que se hará justicia, aunque sea después de 36 años”.

Según el líder gremial de AMP, el policía imputado como represor, Domingo Vera, "fue analizado por el cuerpo forense del Tribunal Superior de La Rioja, donde su sobrino es juez (José Nelson Luna Corzo, miembro del máximo organismo judicial riojano), y lo declaran enfermo, para suspender el juicio con total impunidad. Existe un blindaje político que favorece a los represores".

"No se puede aceptar que se amparen en un cuadro de hipertensión, para suspender un juicio que espera 36 años. Vera está favorecido por el juez y por el Gobierno provincial, que no hace nada para esclarecer los asesinatos", denunció finalmente el gremialista.