Se profundizó el cambio en la mirada social hacia la diversidad sexual permitiendo que más de 7.000 parejas homosexuales contrajeran matrimonio y se reconocieron igualitariamente a hijos e hijas de parejas no casadas, se produjo la inscripción de hijas e hijos nacidos mediante el método de gestación por sustitución y la inclusión de las familias LGBT en la recientemente sancionada Ley de Fertilización Asistida, como así también la habilitación del Matrimonio Igualitario para turistas.

Esta Ley sacudió la constitución privilegiada del “modelo normal” de familia y derrumbó el rechazo que sufrían otras modalidades de arreglos familiares (que “no se ajustaran a ése, tradicional y hegemónico, conformado por padre y madre heterosexuales, casados por la iglesia católica y con hijos cuyos roles estaban bien definidos), debilitando y deslegitimando otras violencias y discriminaciones presentes en la sociedad, ya que las violencias se extienden cuando están respaldadas por el accionar estatal como por sus omisiones.

La trascendencia de esta ley no sólo radica en que estableció la igualdad como principio orientador, procurando que la regulación estatal no distinga entre “parejas aceptables” y “parejas ilegítimas”, sino que su promulgación consolidó un nuevo tipo de vínculo entre el Estado y la diversidad –sexual en este caso-, permitiendo avances sustanciales en otros frentes.

Aquel 15 de Julio de 2.010 al aprobar el Senado de la Nación la Ley de Matrimonio Igualitario, consagró no sólo la igualdad de condiciones de las parejas conformadas por personas del mismo sexo respecto de las heterosexuales, sino que permitió agigantar los pasos en el avance de una verdadera construcción plural, desde la diversidad, convirtiendo a la Argentina en el primer país de América Latina –y décimo en el mundo- en consagrar la igualdad, brindar protección y derechos plenos a este importante colectivo históricamente postergado y perseguido por los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad.