Desde la Secretaría de DDHH de CTERA, encabezada por Rogelio De Leonardi y la misma cartera de la AMP, a cargo de María Elena Cabrera, se pretende de los gobiernos una mayor responsabilidad a la hora de forjar una conciencia a la hora de tomar decisiones acerca de las políticas que se aplican en las franjas etarias que involucran a niños, adolescentes y jóvenes; ya que muchos se encuentran insertos en el trabajo antes de alcanzar la edad mínima legal de admisión de empleo. Asimismo, solicitamos las garantías que otorga la escolarización inicial, primaria y secundaria y que se exhiba al gobierno como el mayor garante de esta obligación. No obstante, consideramos a los padres como otros actores en donde debe caer la responsabilidad y la conciencia de que el trabajo infantil es dañino para el pleno desarrollo humano. En este sentido, los gobiernos deberán determinar las formas de trabajo doméstico que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que afecten la salud, la seguridad, la moralidad y la integridad de los menores, y prohibir y eliminar tales formas de trabajo. Aun así, exigimos la protección de la minoridad en todos sus aspectos, sin ninguna forma de discriminación, ya sea abuso, acoso o violencia de cualquier índole.