Deolinda Romero viajó desde la localidad de Anchico, distante unos cincuenta kilómetros de la ciudad Capital, para hacer un reclamo claro y conciso: “El 31 de Marzo cerraron la escuela en Anchico y mis hijos quedaron sin poder estudiar”. La familia de Deolinda vive en  un puesto ubicado en las cercanías  de esa localidad, donde su esposo de desempeña como hachero. Dependiendo la familia de ese oficio, la Escuela enclavada en ese paraje, es la única alternativa para que los niños puedan educarse. También expreso un interrogante  “Lo que no puedo entender es como el día que  cerraron la Escuela llegaba una partida de materiales para arreglarla”, inmediatamente nos preguntamos,  será que esta es la nueva política de estado, cerrar sin mirar lo que se venía garantizando?

Según el relato Deolinda,  el Ministerio habría cerrado la escuela luego de llevar materiales e incluso haber hecho algunas  tareas de reparación, como así también  haberle dado a la docente responsable la partida para Copa de Leche y almuerzo. Vale decir que estas escuelas rurales funcionan con un único docente quien hace las veces de maestro, director y ordenanza.

Al margen de las particularidades del caso, todo hace suponer que el cierre de este establecimiento fue decidido hace poco. Posiblemente aparezcan justificativos, que tengan que ver con el costo de mantener la Escuela para apenas un puñado de niño, pero lo cierto es que hay una madre pidiendo educación para sus hijos, y nadie le da una respuesta.

El contexto general en el que se ubica el reclamo de esta madre es el un ininterrumpido éxodo forzoso de la ruralidad hacia la ciudad, el cual desde luego es cuestionable, pero también se da en el marco de un plan de ajuste implementado por el nuevo gobierno, que avanza  silenciosamente sobre los lugares más vulnerables. Se trata del achicamiento del Estado. Se sabe de un plan de nucleamiento para estas pequeñas unidades escolares rurales, se sabe del corte de algunos programas como el CAI, CAE, CAJ, Orquestas Infantiles, Conectar Igualdad, lo cual no solo implica pérdida de puestos de trabajo sino también pérdida de derechos para la infancia.

El caso de Deolinda y la escuelita de Anchico nos conmovió, “voy a mover cielo y tierra para que mis hijos sigan estudiando” expreso con firmeza,  y se hizo sentir.