Los integrantes de Verificación de Poderes, señalaron en su informe final "que se trata de un conflicto relativo a un proceso electoral de dirigencia sindical, que ya es objeto de demanda ante los tribunales nacionales argentinos".

"Las partes implicadas recurrieron contra la primera sentencia judicial y, el tribunal, decidió suspender de forma provisional su efecto. La comisión no es competente para analizar conflictos relativos a procesos electorales gremiales pendientes ante instancias judiciales y, por ello, no puede concluir", indicaron.

Los miembros de la comisión, además, rechazaron "la solicitud de pago de los gastos de viaje de los representantes de la CTA (sector Micheli) porque ello no es competencia" del cuerpo.