"Algunos compañeros, unos ingenuamente y otros no, creyeron que ese antecedente iba a ser valorado y de pronto se facilitó un negocio de cuatro millones de pesos", manifestó Millicay, al basarse en que cada capacitación sale entre mil y dos mil pesos, dependiendo el certificado de las mismas.

Advirtieron que ahora deberá caber una sanción para el docente como para las instituciones y particulares que emiten estos certificados truchos.

También, Martínez y Millicay sindicaron a instituciones sindicales que se prestan para facilitar la circulación de este negociado que perjudica a la docencia toda, "como el caso del SELaR que en connivencia con el Institutos de Formación Docente de Olta, hacen aparecer una capacitación docente avalada o firmada por el instituto formador como entidad del Estado".

Los sindicalistas sostuvieron que se informó a los docentes por "todos los medios, incluso por el boletín propio de AMP `La voz Docente`, que si los certificados no cumplían con el requisito de gratuidad, ser brindado por el Estado y en servicio no iban a ser valorados" por ser estas las pautas de clasificación de los antecedentes docentes que figuran en el acuerdo noveno de paritarias firmado en noviembre del 2009 y que está en plena vigencia.

Los denunciantes incluyeron a la JUETAENO en esta acusación al asegurar que existen denuncias concretas que involucran a integrantes del organismo.

El representante de AMP en esta oportunidad explicó que la junta tiene errores graves en el nomenclador y exigió al Gobierno la aplicación de los acuerdos firmados, la remoción de la estructura de la Junta de Clasificación porque "creemos que una de las formas que va a contribuir a terminar con estos negociados, es cambiar viejas estructuras, donde hay cierta cuestiones de poder".