La última marcha multitudinaria contra la megaminería, coincidió con la apertura del periodo 2012 de sesiones legislativas, cuyo acto central se desarrolló en el histórico edificio de la escuela Normal, hoy devenido en “Paseo Cultural Castro Barros”. Como ocurrió en las anteriores movilizaciones, los representantes de la AMP, de CTERA, de CTA y otros sindicatos, se sumaron a la convocatoria con denuncias hacia el Ministerio de Educación “porque en Famatina se persigue a los docentes” y repudiaron ese atropello.
El dirigente gremial, a cargo de la secretaría de Derechos Humanos de la CTERA, manifestó que “no se opone a la minería, sino al saqueo y a los métodos depredadores como la lixiviación, prohibida en los países capitalistas centrales, pero del que abusan las megaempresas”. Y remarcó: “Somos diversos los movimientos que estamos a favor de la vida y en contra de la megaminería”.
Por ello, bogó por un debate serio en torno a la política nacional de los recursos mineros, que contemple la decisión del pueblo argentino acerca “de qué minerales es necesario explotar, en qué regiones, con qué métodos de extracción y qué inversiones del Estado para procesar, industrializar y dar valor agregado a la producción”.
De Leonardi, manifestó que debe derogarse la ley 24.196 de inversiones mineras  y resaltó la necesidad de que “una ley devuelva a la Nación el usufructo de los recursos naturales, a la par que declare la propiedad popular imprescriptible, inalienable e inenajenable del patrimonio del espacio aéreo, el suelo y el subsuelo, complementándose con una ley de nacionalización de las megamineras para crear una empresa de propiedad pública, estatal y comunitaria, gestionada, dirigida y controlada por representantes electos de sus trabajadores, de la ciudadanía y representantes del Estado nacional y provincial”.