La Acción Declarativa de Certeza, presentada por el gremio de educadores tiene como finalidad la determinación del alcance de los artículos 161 y 165 de la ley de Educación Provincial Nº 8678, sancionada el 23 de noviembre de 2009; ya que la Resolución ministerial Nº 0948/12, rubricada por Walter Flores, no tuvo en cuenta la derogación de la ley 7325, y pretende integrar el organismo calificador sólo con representantes de 3 niveles de la educación, lo que fragmenta el sistema educativo, con la continuidad de la “Comisión” para calificar a los trabajadores de la educación del Nivel Superior. Además, AMP solicita que se proceda a declarar la constitucionalidad del articulado del organismo de control de desempeño Docente, artículo 165 de la vigente ley. Del mismo modo, a través de la medida cautelar de No Innovar, el gremio requiere la suspensión de los efectos de la Resolución de Convocatoria a elecciones de la JUETAENO, en el marco de la ley 7325, actualmente derogada de 2 formas (expresa, por el artículo 177 y por el principio de derecho según el cual “ley posterior, modifica la anterior”), para evitar un daño irreparable en el régimen democrático y en particular a la educación y al educador. Al mismo tiempo, el esquema de representación previsto en el artículo 161 de la ley 8678 es participativo, federal y prevé representantes de las regiones, de todas las modalidades y “de todos los niveles de la educación”, buscando remediar la fragmentación del sistema educativo.