Ayer un grupo de docentes con legajos sin observaciones por la JUETAENO se reunieron en la AMP para analizar la situación que los involucra.

El secretario general Rogelio De Leonardi en diálogo con EL INDEPENDIENTE manifestaró que el Ministerio hace caso “omiso de un acuerdo firmado donde iba a realizar una investigación, a través de una comisión, para determinar la legalidad o legitimidad de los certificados de las supuestas capacitaciones”.

En ese acuerdo se consensuó que “si se encontraba en los legajos un certificado adulterado era motivo suficiente para excluirlo del padrón”.

Además, se manifestó que la comisión para analizar estas adulteraciones estaba integrada por peritos de parte (Estado y gremio), por un lado el documentólogo revisaba la parte técnica de los certificados y por otro lado el aspecto ideológico (es decir si el oferente habría cumplimentado con todos los pasos administrativos)”.

El resultado de este trabajo, determinó que en 100 legajos había documentación con falsedad ideológica y técnica. En un preinforme los peritos observaron que todas las capacitaciones tenían alguna falsedad, por ejemplo había docentes que tenían de 10 a 80 certificaciones de este tipo.

El acuerdo estimaba que con un solo certificado era suficiente, por eso los peritos hicieron la prueba definitiva de sólo tres y no de los 80 aunque se comprobó la falsedad. En el informe final se acompañó la instancia previa con las pruebas recolectadas.

De Leonardi aseguró que el Ministerio “no cumplió con el acuerdo” y denunció al ministro Walter Flores por estar “encubriendo el delito de falsificación de documento público”, al considerar que tendría que haber llegado por orden para que girar las actuaciones al ámbito judicial.

Además, desde de AMP aseguraron que “estos legajos corren carreras con los legajos de los docentes autoconvocados que están solicitando ayuda".

Esta situación generó que “la gente que se sienta defraudada y estafada, debido a que se presentaron a concurso y los que tienen más puntaje son los que presentaron certificados fraudulentos. Toda la docencia está perjudicada”.

El concurso tiene, además de ascenso, acrecentamiento, traslado e ingreso, se calcula que puede haber más de medio millar de certificaciones ilegales.

Finalmente acusaron a la presidenta de la JUETAENO Nélida Llanos (imputada penalmente) por “avalar y encubrir estos ilícitos” y sostuvieron que los miembros de la junta propuestos por el Ejecutivo están involucrados, porque hay docentes que ocupaban el padrón 190 y pasaron al puesto 19, por una maniobra de sacar del legajo una fotocopia de capacitación, cambiarlo de nombre y agregarlo a otro legajo, por esta razón el puntaje fue inflado.